La clínica no tenía licencia y carecía de quirófano, la intervención se hizo en una camilla y la doctora y la enfermera no poseían titulación válida en España.

La paciente llegó a estar tan grave, a causa de un shock séptico, que los médicos dejaron entrar a los familiares en el box para despedirse de ella.

Perdió grandes porciones de piel de las dos piernas y ha tenido que someterse a diez intervenciones.

Las gravísimas ilegalidades que en apariencia rodearon una operación de cirugía estética en 2019, a consecuencia de cuyas complicaciones estuvo la paciente a punto de perder la vida y por las que le han quedado importantes secuelas de por vida, han derivado en una petición de cuatro años de prisión para la responsable de esa clínica y autora de la intervención quirúrgica, y para su hija, que fue quien la asistió durante la misma. Las dos mujeres, de origen venezolano, están acusadas de presuntos delitos de intrusismo profesional y de lesiones por imprudencia grave, y, además de las penas de cárcel mencionadas, se enfrentan a una reclamación de 155.620 euros por los daños que sufrió la afectada.

Los hechos que serán objeto de enjuiciamiento en un futuro próximo, se iniciaron el día 17 de noviembre de 2019, cuando una vecina de Caravaca de la Cruz acudió a la clínica Lipoescultor, dependiente de la mercantil Instituto de Rejuvenecimiento y Estética SLU y situada en la Gran Vía de Murcia, con el fin de someterse a una liposucción en sus piernas. Según se refiere en el auto de procedimiento abreviado -equiparable al de procesamiento- dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, la mujer que practicó la intervención, Erika Yaneth C.R., carecía en ese momento de habilitación profesional para realizar ese tipo de operaciones. En la misma situación se encontraba su hija, Franyerika Andreina A.C., quien presuntamente auxilió a su madre como enfermera.

De camino al juicio

Después de que la magistrada Lacunza haya cerrado la fase de investigación y haya dictado un Auto por el que encamina a la responsable de la clínica y a su hija hacia el juicio oral, el Letrado que representa los intereses de la mujer damnificada, Juan Rigabert Montiel, ha presentado un escrito de calificación provisional en el que acusa a ambas imputadas de los supuestos delitos de intrusismo profesional y de lesiones por imprudencia grave. En función de tales cargos, reclama que se le impongan respectivas penas de cuatro años de prisión a cada una de las acusadas.

Igualmente, solicita del tribunal que reconozca el derecho de su clienta a percibir una indemnización de 155.620 euros por todos los daños y perjuicios sufridos, de los que considera que en último término tendría que responder la compañía aseguradora con la que el establecimiento tenía suscrita una póliza.

Fuente: https://www.laverdad.es/murcia/piden-cuatro-anos-20220202002647-ntvo.html

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