La Audiencia Nacional sustituye las penas de prisión por la repatriación de los ocho tripulantes de un mercante atrapado frente a Cartagena.
El alijo hallado en la bodega del mercante «ELG» es uno de los más jugosos de los que han atracado en el puerto de Escombreras en los últimos años. Los ocho ucranianos que fueron interceptados en el verano de 2019, a 98 millas náuticas al sureste de Cartagena, a bordo de esa embarcación y con más de 11.300 kilos de hachís en la recámara podrán, sin embargo, abandonar la prisión -en la que permanecen desde hace más de dos años- con la condición de que se marchen del país.
La Audiencia Nacional, en una sentencia reciente, ordena su deportación del territorio nacional, al que no podrán regresar en un plazo mínimo de cinco años.
Una larga investigación
Según recoge la sentencia, que ya es firme, los acusados, de entre 72 y 22 años, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, en aras a su reconocimiento de los hechos. Gracias a ese pacto se les impusieron penas de cuatro años y medio de cárcel y multa de más de 18 millones de euros -sustituible por medio año de arresto en caso de impago-.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no obstante, aceptó la petición de las defensas -a lo que el fiscal no se opuso- para que esas penas fuesen sustituidas por su expulsión a Ucrania.
El abordaje del «ELG» fue el resultado de una investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera que se prolongó cerca de medio año. Fue interceptado a 98 millas al sureste de Cartagena por los aduaneros del patrullero «Abanto» con base en el Arsenal de esta ciudad. Dado el tamaño de la embarcación, se vieron reforzados por sus compañeros del «Paíño», de Palma de Mallorca.
El mercante, de bandera moldava, ocultaba en sus entrañas hasta 399 fardos con 11.344 kilos de hachís. La Sala considera que la droga habría reportado unos beneficios cercanos a los 18 millones de euros. Las investigaciones apuntaron a que el destino de ese alijo habría sido el mercado centroeuropeo.
Según recoge la Sentencia, la embarcación era propiedad de una sociedad radicada en las islas Marshall, que la traspasó a otra con sede en Turquía, que actualmente explota el buque. A los acusados se les intervinieron 13.558 dólares americanos, móviles y documentación relacionada con el tráfico de drogas.
Fuente: https://www.laverdad.es/murcia/simples-condenas-expulsion-20210930002822-ntvo.html
