Varios gabinetes de abogados de la Región de Murcia llevan adelante las querellas que familiares de fallecidos por la pandemia del coronavirus presentarán a los órganos de justicia, para exigir que se determinen responsabilidades.
Las querellas y demandas buscan que la Administración Pública responda “por los daños provocados por una supuesta omisión o dejación de sus obligaciones”.
Principalmente en las residencias en las que fallecieron adultos mayores, así como en los recintos sanitarios en los que resultaron muertos trabajadores y profesionales de la salud privados de los medios de protección, resaltan algunos casos.
“Tenemos ya dos encargos concretos de allegados de dos fallecidos en residencias de ancianos y estamos a la espera de que se concrete algún caso más”, precisó.
También agregó precisó el responsable del despacho López Graña, Pedro López Graña, “ha habido una imprevisión absoluta de la Administración con las pruebas diagnósticas y el material de protección”.
Este despacho tiene dos querellas a su cargo tras la muerte de dos personas en el centro Caser de Santo Ángel, por presuntos delitos, entre otros, de homicidio imprudente o por omisión.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción 9 de Murcia no ha admitido la denuncia de familiares contra la residencia Caser, en Santo Ángel, además de Consejería de Salud y la Dirección General de Salud Pública, entidades que fueron demandadas por el presunto delito de prevaricación y omisión del deber.
Por otra parte, otro letrado, Juan Rigabert Montiel, explicó que entre los trabajadores sanitarios “hay mucha indignación”, y en ese orden detalló que han recibido consultas sobre la posibilidad de demandar.
Puesto que se les ha puesto en “un grave riesgo vital al mandarles a la primera línea sin el material básico de seguridad”, al tiempo que dijo que también han impuesto solicitudes para evaluar casos de “especialmente gravedad”.
“Estamos tratando el caso de un vecino de Calasparra cuyos padres fallecieron en el hospital de Albacete. Los ancianos residían en Hellín y enfermaron al acudir a una consulta en el centro de salud. Cuando alertaron de que se encontraban mal, ni siquiera les mandaron una ambulancia y tuvieron que ir al hospital por sus propios medios”, acotó.
De igual forma, destaca don casos relativos a personas mayores que fallecieron, una en una residencia pública y otra privada, y a quienes no les practicó la autopsia.
Los familiares y abogados buscan esclarecer las circunstancias de las muertes, subrayó el abogado murciano, Sergio Marco, quien lleva ambas demandas.
